Esta información nunca la he contado. Creo que ha pasado el tiempo suficiente para que se conozca. El aniversario es un momento oportuno y tampoco se desvela un secreto de Estado.

 

El primer documento serio salió del Imserso. Tardó muchos años en elaborarse. Los expertos viajaron a diferentes países para conocer la experiencia en el extranjero. Participaron diferentes departamentos. Hubo muchas dudas. Unos eran atrevidos. Otros, demasiado prudentes. Era muy difícil ponerlos de acuerdo.

 

Tras un arduo trabajo de años se finalizó el informe. Y el máximo responsable lo presentó en el entonces ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Año 2000. Se analizó con detenimiento. Lo revisaron los asesores y se emitió un informe favorable. La duda, como siempre, era la financiación. Pasó el tiempo y la decisión estaba en manos del ministerio de Economía (como siempre). Al final, se guardó en un cajón y durmió en el sueño de los justos durante años.

 

Los más realistas siempre dijeron que tenía que ampararse bajo el paraguas de la Seguridad Social, una entidad centenaria y que nunca valoraremos la importancia que ha tenido en esta sociedad (todos estamos vinculados a la Seguridad Social, desde que nacemos hasta que morimos; con cotizaciones, prestaciones, pensiones por jubilación, por orfandad, por viudedad, por incapacidad; cotizaciones al desempleo y a la formación; hasta los hospitales públicos fueron sufragados por la Seguridad Social).

 

Era la mejor fórmula y así se había aplicado en otros países, como Alemania. Los propios técnicos de la Seguridad Social no querían fomentar más gasto y una nueva gestión. Los de Economía y Hacienda lo veían un despilfarro. La denominada ley de Dependencia terminó, como ya he dicho anteriormente, en el cajón. La puntilla fue el año 2002 de presidencia española de la Unión Europea, cuando entró en vigor el euro y cuando se querían hacer reformas laborales que terminaron en una huelga, cambio de ministros con una crisis de Gobierno…

 

Llegó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en su primera legislatura quiso implantar esta ley. Se volvió a parte de los orígenes. Mientras tanto, ya circulaba en determinados círculos una propuesta de ley. Fueron años de cierta alegría social, de pasos en la mejora de diferentes colectivos. 

 

En el último momento, hubo cierta prisa. Se quiso sacar la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia a espaldas de los sectores afectados, con mucho voluntarismo y un escaso rigor presupuestario. Por medio, estaba también la gestión de las comunidades autónomas.

 

La ley se llevó al Parlamento. Salió con gran apoyo de los diputados la denominada ley 39/2006, de 14 de diciembre. Su camino ha sido desigual y en muchos casos, desolador. Ha vivido demasiadas turbulencias y embates. A 31 de diciembre de 2015, existen 796.109 personas beneficiarias con prestación reconocida, según el Imserso.

 

El tiempo corre. Y mientras tanto, el CERMI presentó una Iniciativa Legislativa Popular contra el copago en materia de dependencia, con el respaldo de más de 738.000 firmas. Su proposición de ley debe ser tramitada y debatida en el Parlamento para tratar la participación de las personas en situación de dependencia en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias.

 

La crisis económica que ha azotado a España en este período ha conllevado "feroces políticas de recorte del gasto público". La Proposición de Ley pretende que se establezcan unos criterios justos de copago, que garanticen que todas las personas que requieran atención no sean excluidas del sistema por razones económicas. El texto tendrá que ser debatido en los próximos meses en el Parlamento.

 

Ahora se celebra el décimo aniversario de la denominada ley de dependencia (que siempre olvida la parte de la autonomía personal). Hoy sus retos son enormes. Para empezar, atender a todos los que lo necesitan y en condiciones justas y equitativas.

 

Y volvemos al origen de los problemas: la financiación. Un asunto no resuelto que algún día tendrán que abordar los partidos y el Gobierno. Igual que hay un Pacto de Toledo para las pensiones (otra patata caliente) también podría haber un pacto por la dependencia o meterla en el Pacto de Toledo. Veremos.